Estamos mal acostumbrados a que en España sea ya
algo común que la corrupción forme parte de la vida política y empresarial.
Roban políticos de derechas y de izquierdas, aunque creo
que estaremos todos de acuerdo en que los de izquierda tienen mayor impunidad,
porque el sistema es de izquierdas.
Se roban cantidades exorbitantes que dan para vivir
varias generaciones del político que ha robado.
Y ante nuestra total indefensión, vemos que no pasa
nada:
Ni el dinero se devuelve, ni el ladrón sufre pena
proporcional al delito.
Cuando la cantidad robada pasa a ser tal, que se
pueden beneficiar varias generaciones, deberían tomarse dos medidas; una para
castigar al ladrón y otra para castigar a sus beneficiarios.
Para castigar al ladrón, pena de muerte o en su
defecto cadena perpetua.
Dos, para evitar que sus descendientes, amigos o allegados se beneficien del latrocinio; embargo total de los bienes del ladrón, estén a su nombre o a nombre de familiar beneficiario o de sociedades en las que participe el ladrón o alguno de sus familiares o beneficiarios.
Con ello se evita el común fraude de ley, de poner
los bienes a nombre de terceros.
Es cierto que puede seguir poniéndolos a nombre de
amigos o parientes lejanos, pero entonces pierde mucho el control de esa
riqueza.
¿Quién votaría una legislación tan razonable y
justa?
Ningún político actual, porque hoy la condición de
político va unida indefectiblemente a la corrupción.
Habría que enjuiciar a todo aquel que, por acción u
omisión, hubiera tolerado la corrupción.
Eso sí, con juicios claros, rápidos y garantistas,
que presidieran ancianos o enfermos terminales, que mantuvieran la mente clara.
Son los únicos que no tienen nada que perder en este
maldito juego social.
Tómate este artículo a la carta.
Pero no creo que tengas argumentos serios y de fondo para obviarla en su totalidad.
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