Un nuevo gobierno no debería sólo erradicar la corrupción del momento, sino que debería hacer justicia con la del pasado. El PP no quiso mirar atrás y esa debilidad le costó a España el mayor atentado de su historia moderna y entrar en una nueva pesadilla socialista de muerte y corrupción.
A pesar de la represión del poder sobre los medios de comunicación en España, cada día conocemos excesos realizados por personas relacionadas con la oligarquía gobernante; recalificaciones, sobornos, ayuntamientos en los que el alcalde aumenta descaradamente su sueldo y el de todos sus concejales, leyes que llevan a los inmigrantes a morir en pateras o a los niños en el seno materno...
Todos tenemos en mente las barrabasadas cotidianas que nos ofrecen los escasos medios de comunicación que tienen en valor de hacerlo. Si esos mismos medios fueran realmente libres (incluso los que hoy tenemos por libres han de andar con pies de plomo para que se les renueven las licencias o para no acabar en las manos de tribunales politizados), la cantidad de información sobre la corrupción en España nos dejaría anonadados.
De eso somos conscientes todos los ciudadanos, los de derechas, los de izquierdas y los de en medio, aunque muchos irresponsables acepten el pan con gusanos, si ese pan es de su ideología.
Salvo esas conciencias descompuestas en las que la injusticia es aceptable si lleva su color, veo en la lectura de los medios que la voluntad de las personas rectas busca una salida a esta situación, aspirando a que estén en el poder personas que dicten leyes razonables y eviten la corrupción. Quizás sea controvertido el definir lo que es una ley razonable, pero no cabe duda de que evitar la corrupción es una opinión de consenso. Evitar la corrupción sería condenar a los responsables de las clínicas abortistas (médicos, accionistas, trabajadores en general), mantener a los terroristas en la cárcel para que cumplan sus condenas íntegramente, condenar a los jueces que hayan cometido delitos y marginar a los incompetentes,… esto sería más que suficiente en un primer paso. Definir lo que es una ley razonable, lo dejamos para otro día.
Todo eso está muy bien, pero veo que la opinión de los medios a veces se olvida de un matiz; el de la impunidad de los delincuentes.
Un nuevo gobierno no sólo tiene que erradicar la corrupción y restablecer el estado de derecho, sino que es imprescindible que mire atrás y luche contra la impunidad. Ha de evitar que los que han delinquido, queden impunes. ¿Venganza?, no, justicia.
Por mucho que la reguemos, una planta no puede crecer sana, florecer y dar fruto, si sus raíces están llenas de parásitos. Un gobierno que aspire a alcanzar el estado de derecho después de una época de corrupción y abusos como la que hemos vivido con el socialismo, ha de aplicar la ley, y la ley establece unas prescripciones. Todos conocemos la de las deudas fiscales; cinco años. A Zapatero, a sus ministros, a los alcaldes, a los concejales,... por decencia democrática, habría que inspeccionarles los últimos cinco años de sus economías domésticas y aplicarles las sanciones que presumiblemente recaigan en quienes pasan, en una legislatura, de discretos ciudadanillos a multimillonarios. No sé el tiempo de prescripción de los homicidios, creo que no prescriben, pero una vez que un equipo de gobierno decente y constitucional llegara al poder, debería aplicar las leyes a toda esa retahíla de personajillos que han matado o han sido cómplices en el homicidio de seres no nacidos o de ancianos.
Me parece bien lo de la memoria histórica. Para todos y hasta ayer. Vamos a encausar a los que mataron sin juicio a sus semejantes, a los que violaron, a los que participaron en tanta represión criminal en retaguardia. Vamos a restaurar su dignidad a quienes les fue arrebatada. Pero de verdad, sin demagogias.
Apliquemos la justicia de la memoria histórica hasta ayer. Que paguen su culpa los que han promovido urbanizaciones ilegales arrebatando a la comunidad espacios protegidos, los políticos y sus familiares que has viajado desmadrados a costa del presupuesto público, los que se han acondicionado verdaderos palacios a costa del dinero de todos,... Que lo que ha no ha prescrito, no quede impune.
Y es que nuestra maltrecha España está dónde está, porque es consenso que reine la impunidad. Una vez en el poder y visto lo que se puede golfear en él, se establece ese lema de “tú me tapas mis vergüenzas mientras yo te tapo las tuyas”. Hemos llegado al descaro de que los políticos, consensuadamente, elijan a los jueces entre allegados fieles, de manera que la justicia quede en aguas de borrajas cuando a ellos se deba referir.
Una de las grandes verdades del cristianismo, es la existencia del infierno. Es esta una razón por la que hay mejores personas entre los cristianos que entre los no cristianos. Dios nos dice que si hacemos daño al prójimo, si no lo queremos, si le robamos, si le matamos,… iremos al infierno. ¡Menudo disuasivo saber que nuestras malas obras, aunque queden impunes en esta vida, tendrán un castigo descomunal! El pensar que una mala acción no queda impune, es un gran motivo para no cometerla. Luego, cuando el cristiano se acostumbra a ser mejor y consecuentemente se acerca a Dios, deja de pesarle el miedo al castigo y obra bien por afán de agradar a su Creador, por amor a Dios. Es ese el estado realmente feliz del cristiano. Pero que duda cabe que el miedo al castigo es un freno.
Análogamente, si en la sociedad se aplica la ley y no hay impunidad, el ciudadano, el político, deja de obrar mal por miedo a que le caiga el peso de la ley. Y cuando descubre que se duerme mejor con poco bien ganado que con mucho producto del robo o del abuso, es cuando deja de tener miedo a la ley y la ve no como algo peligroso para él, sino como una garantía de la convivencia. Ya no busca el juez amigo, sino el juez justo.
Uno de nuestros grandes males sociales es la impunidad. La corrupción es fruto de la impunidad. La infelicidad es propia de sociedades sin leyes justas o bien que aun teniendo leyes justas, éstas no se aplican a todos por igual, sin que esa arbitrariedad tenga el justo castigo para quien la ejerce.